En el presente texto, se informará de forma objetiva sobre el caso que envuelve al ministerio de educación, luego se expondrá el problema de la acusación constitucional: su falta de mecanismos y el riesgo de tan grave escarmiento. Junto con las opiniones de este estudiante sobre la situación actual y un caso que se ha cerrado con la destitución de la ex ministra de educación Yasna Provoste.
Corrupción v/s Desorden Administrativo: ¿A qué corresponde cada uno?
Ejemplo práctico: es usted tesorero de su junta de vecinos, tenía 8 millones de pesos, y gastó 2 millones para una actividad para celebrar el 18 de Septiembre. Resulta que nunca rindió cuentas, y no puso las boletas para justificar la compra de los artículos correspondientes (por ejemplo, boleta de la carnicería para comprar longanizas, pan, el carbón, guirnaldas, etc.). Ahora usted se encuentra en un desorden administrativo, pues no sabe como justificar el gasto. La gente a la que representa y es partícipe de la junta de vecinos tiene para pensar 2 cosas: Usted gastó parte del dinero para asuntos personales (corrupción), o gastó el dinero en la forma debida, pero no tiene como justificar su gasto (desorden administrativo).
Esperamos haber aclarado la diferencia.
El ministerio, el caso, y la ministra.
Hacer una cronología desde el comienzo de todo este problema, nos llevaría unas 3 hojas de Word, por lo que resumiremos la historia por si no está enterado, o por si se ha dejado influenciar de forma absoluta por los medios de comunicación que todo lo trasgiversan.
Se detectó un grave desorden administrativo en el ministerio de educación, en un informe presentado por la Contraloría General de la República, en la que faltan aproximadamente unos 260 millones de pesos. Hasta el día de hoy, el mismo organismo que redactó el informe, establece una investigación para aclarar si estamos frente a un caso de corrupción o verdaderamente un desorden administrativo como lo ha expuesto la misma ex ministra. A la par, el poder legislativo acordó dictar una acusación constitucional a la en ese tiempo ministra de educación, la que primero fue aprobada por la cámara baja, para posteriormente ser reafirmada por el Senado el día 17 de Abril. La situación actual consta de dos aristas: Yasna Provoste fue destituida y la Contraloría investiga a que corresponden estos 260 millones que no aparecen.
Entre los que apoyaron la destitución se encuentran los parlamentarios de la Alianza Por Chile más algunos independientes de la cámara baja y alta. Quienes siempre la defendieron fueron los parlamentarios de la Concertación junto con la totalidad del poder ejecutivo.
La Caja de Pandora.
Una acusación constitucional a muchos historiadores chilenos debe causar pavor, pues se sabe del negro período entre 1891 y 1925, en que el parlamento utilizó este recurso con el fin de deponer a su gusto los ministros que no le parecían. Muchas veces a capricho oligárquico y no en pro del país. Ahora: ¿Repetiremos la historia?
La Concertación utiliza en variadas ocasiones, el argumento de que una acusación constitucional, es un proceder demasiado grave para esta situación, y como no lo va a ser si la pena a la que son sometidos los condenados por este mecanismo, corresponde a 5 años de inhabilidad para ejercer en el servicio público, sobretodo si aún no se llega a la conclusión si fue tan solo un desorden o se debe a corrupción, que como bien se dijo anteriormente, son dos cosas muy distintas.
Pero por otro lado, ¿Qué hacer entonces?:
- ¿Dejar que renuncie?
- ¿Esperar la declaración de la Contraloría?
- ¿Penas menores?
Las personas van y vienen, pero las instituciones quedan (y los problemas también).
Sobre una posible renuncia para evitar la acusación ¿Qué bien la hace a Chile?: Ninguno.
Si Yasna Provoste hubiese renunciado a su cargo por no hacerse cargo a tiempo del desorden administrativo que giraba en torno al ministerio donde ella era la máxima autoridad, otra u otro hubiese venido a reemplazarla, para tan solo heredar de la antigua ministra los mismos problemas. Así que esa crítica que se le hace a la Alianza sobre no dejar siquiera que la ministra renunciase por sus medios, no tiene sentido, si no hubiesen dicho nada sobre el tema y la ministra hubiese abandonado la cartera educacional, seguiría teniendo los cargos que se le imputan y los hubiese compartido con un siguiente ministro.
Dejando al gato cuidando la carnicería (o al ladrón cuidado el banco).
Podríamos esperar a que la Contraloría dictamine frente a que tipo de irregularidad nos encontramos, pero ¿Qué pasa si la ministra incurrió en actos corruptos?, quizás sus amigos y camaradas políticos la definan como persona intachable, pero a los ojos de todos los chilenos que aportan con el pago de impuestos a toda el arca fiscal, su imagen queda en un “diremos”. Así como se critica que la justicia deje en libertad a posibles delincuentes, debemos asegurarnos que si una persona ha incurrido en un delito político, sea congelado en sus labores en el momento mismo que se duda (con fundamentos) de este.
Matar moscas a cañonazos.
Ya hemos visto lo inútil de una renuncia y lo arriesgado de una pasiva espera, pero por otro lado la acusación constitucional es algo exagerada para un caso que aún no se define ¿Qué nos queda? ¿Una pena menor? Parece obvio pero a la vez no tanto, pues queridos lectores, aunque usted no lo crea: no contamos más mecanismos para este tipo de casos.
Entonces, esperemos que con esto, nuestros diputados y senadores hayan aprendido lo valioso de generar una gama de recursos para proceder en este tipo de casos, por ejemplo: haber dejado congelada la actuación de la ministra y esperar a que se le declarase como parte de un caso de corrupción o administrativo desorden. Y recién ahí establecer una acusación o en su defecto exigir una rápida solución al problema que aqueja al ministerio con la observación constante de un grupo fiscalizador del parlamento o de la misma Contraloría.
Lamentablemente esto no se encontraba, y fue acusada con la única herramienta posible. Una medida que no estaba al tamaño de la gravedad del asunto, pero es la única que se encontraba a la mano.
Entonces…
Primero, aclarar que la ministra Provoste no ha incurrido en actos de corrupción en lo que hasta ahora se sabe.
Segundo, con desorden administrativo o corrupción, la ministra igual incurre en una falta de responsabilidad frente al manejo del dinero en su ministerio, sin embargo no es para acabar con su poder ni con 5 años futuros para ejercer cargos públicos.
Y tercero, no había otra forma de resguardarse frente a posibles casos de corrupción, de modo que aunque duro, se concurrió al único proceso para detener estos actos.
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